Postergan otra indagatoria a Cristóbal López y Fabián de Sousa por no pagar aportes patronales
El juez en lo Penal Económico Juan Pedro Galván Greenway volvió a citar a declaración indagatoria a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Esta vez los convocó para marzo próximo, cuando deberán explicar la presunta retención indebida de los aportes previsionales de sus empleados y del impuesto a las Ganancias de la firma DH ComSA, fondos con los que destinaron para financiar su holding.
López y De Sousa debían presentarse a declarar el miércoles 1 y jueves 2 de este mes, pero el juez Galván Greenway accedió a postergar sus indagatorias hasta el 8 y 9 de marzo, cuando deberán defenderse por lo ocurrido en la empresa controlante de la emisora de FMI Pop Radio 101.5.
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Galván Greenway postergó sus indagatorias tras recibir un pedido para suspender la acción penal, ya que DH Com SA se acogió a la moratoria que impulsó el presidente Alberto Fernández y busca completar los trámites administrativos y procesales para adherirse a los planes de pago. Sostuvo también que, dada la situación sanitaria provocada por el Covid-19, “corresponde postergar, de manera excepcional, las declaraciones indagatorias ordenadas en autos”.
La decisión de Galván Greenway se conoció solo días antes de que el Tribunal Oral Federal N°3 difunda su veredicto en el caso Oil Combustibles, en el que López, De Sousa y Ricardo Echegaray comparten el banquillo de los acusados, y en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se retiró como querellante.
El juicio oral comenzó en junio de 2019 y el tribunal fijó este jueves como fecha para comunicar su veredicto. Informará si absuelve a López, De Sousa y Echegaray o si los condena por una presunta defraudación al Estado.
En el fuero en lo Penal Económico, en tanto, López y De Sousa fueron acusados de quedarse con impuestos y aportes a la Seguridad Social de los empleados de DH Com desde octubre de 2013 –es decir, durante el kirchnerismo–, y hasta noviembre de 2017, cuando sus empresas vinculadas a la comunicación ya se encontraban en concurso de acreedores.
En esa misma línea, López y De Sousa ya se encuentran con sus procesamientos confirmados por la retención indebida de aportes a los empleados de otra empresa del holding de medios de comunicación, Telepiú, controlante de señales como C5N, radio 10 y One, entre otras.
La Cámara de Apelaciones también confirmó los embargos que afrontan los empresarios y que en su momento dispuso la jueza de primera instancia, María Verónica Straccia, y que llegaron a los 250 millones de pesos.
En septiembre de 2018, sin embargo, Straccia se declaró incompetente para continuar con la instrucción de la causa, que pasó a manos de Galván Greenway, quien impulsó las indagatorias de López y De Sousa por lo ocurrido en DH Com, con una retención indebida de fondos que podría rondar los $200 millones.
“Apalancamiento” del holding
La retención de los aportes jubilatorios de sus propios empleados funcionó, en la práctica, como otra fuente de financiamiento o “apalancamiento” a la que recurrieron López y De Sousa para expandir al Grupo Indalo junto a los impuestos del Estado nacional.
Así, según consideró probado el fiscal del juicio oral en el “caso Oil”, Juan Patricio García Elorrio, la petrolera Oil Combustibles financió con “préstamos intercompany” a otras firmas del Grupo Indalo con los impuestos que retaceó al Estado nacional.
Ahora, en tanto, en la investigación por DH Com –y a diferencia de lo ocurrido en el juicio oral centrado en Oil Combustibles– la AFIP continúa como querellante, rol que comparte con el abogado de los perjudicados, Gonzalo Espinosa Paz.
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Titular de la señal de FM Pop Radio 101.5, la empresa DH Com contaba con pocos empleados registrados; por un lado, porque su personal solía emitir facturas; por el otro, porque varios de sus empleados trabajan también para otras empresas del holding –en particular, Telepiú–, en el que ya estaban registrados.
Desde el Grupo Indalo replicaron que, en realidad, cuando adquirieron varios medios de comunicación emprendieron un plan para regularizar a los trabajadores, muchos de los cuales desarrollaban sus tareas como monotributistas, y se les reconoció deudas acumuladas de hasta cinco años de antigüedad.
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